Por: Jorge Maldonado Díaz
Con la inconformidad de los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, el pleno del Congreso Local aprobó la nueva Ley de Defensoría Pública, dependencia que pasa a manos del Consejo de la Judicatura Local.
Con las modificaciones a la ley, este órgano colegiado que antes dependía del Ejecutivo, ahora contará con autonomía técnica, operativa y de gestión para el desempeño de sus funciones.
El diputado Félix Rocha Esquivel dijo que la nueva ley contenía 37 artículos y seis transitorios.
Aseveró que sería un Instituto que brindaría servicios de defensa jurídica de los indiciados, imputados, procesados y sentenciados por delitos del orden común en los órganos del Poder Judicial del Estado y, en lo concerniente, en materia federal, incluyendo a los adolescentes que cometan un delito.
“El Instituto será dirigido por el titular de la Dirección General, quien será su representante legal. El cual será designado y removido por el Consejo de la Judicatura del Estado.
“La remuneración del director general será igual a la de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en las ausencias temporales del director, éste deberá ser suplido por la Subdirección General, y a falta del último, por la Dirección Administrativa”.
La inconformidad de los diputados de la bancada naranja se deriva a la existencia de una suspensión de la Corte que impedía que se tomaran acciones relacionadas con que el Instituto pasara del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
“Este dictamen carece de sustento y de fundamento jurídico, además de que es una violación a un mandato judicial, pues recordemos que se reformó la Constitución en donde las funciones de la Defensoría pasan de ser parte del Ejecutivo al Poder Judicial y que el 17 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión provisional y, conforme a ella, tenemos que abstenernos de cualquier acto que, formal o materialmente, implique transmitir atribuciones o recursos patrimoniales de la Defensoría al Poder Judicial”, expresó la diputada Irais Reyes de la Torre.
“Dejen de torcer la Ley hay una falta de responsabilidad y de calidad, el llamado aquí es que dejen de pasar por encima de las instituciones, actúen de manera responsable”, indicó Sandra Pámanes Ortiz.
“No podemos hacer ninguna reforma, en un principio hicieron, bueno lo intentaron hacer mal, luego quieren hacer las publicaciones en la gaceta en el sitio de Congreso o en los periódicos de mayor circulación desde ahí empieza el litigio y desde ahí señala parte del gobierno del Estado”.
Al momento de someter a votación el expediente, este fue aprobado con 25 votos a favor y 11 en contra.
