Por: Jorge Maldonado Díaz
Mientras que al Gobierno del Estado le negaron la posibilidad de contraer deuda, diputados de la Comisión de Presupuesto aprobó este martes la Ley de Ingresos de los municipios en donde fijo el porcentaje de endeudamiento a cada municipio con miras al 2025.
De tal forma que sumando cada una de las cantidades avaladas a cada ayuntamiento, el financiamiento total será de 762 millones 237 mil 551 pesos.
Al municipio de Monterrey se le autorizó la contratación de deuda por 135 millones 297 mil 80 pesos, a la administración de Escobedo el financiamiento que podrá adquirir será por 62 millones 416 mil 754 pesos.
Otras aprobaciones fueron a los municipios de Apodaca por 36 millones 884 mil 159 pesos, a Guadalupe por 45 millones 804 mil 228 pesos, San Nicolás hasta por 17 millones 495 mil 908 pesos.
Santa Catarina corrió con la misma suerte ya que se le autorizo contratación de deuda hasta por 25 millones 396 mil 744 pesos, a San Pedro hasta 4 millones 878 mil 356 pesos, y al municipio de Juárez hasta 43 millones 994 mil 686 pesos.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz, de la bancada de Movimiento Ciudadano se inconformo al asegurar que se les estaba dando un cheque en blanco a las administraciones municipales.
“A pesar de la disposición de las mesas y no se pudo contemplar y la Ley de Disciplina Financiera habla muy claro, y en el primer expediente de la Ley de Egresos de los municipios, de inscripción de proyectos y será difícil”.
“Es un cheque en blanco para que puedan obtener financiamiento o deudas, sin necesidad de qué puedan ser considerados, y además que aún cuando se establece que son anuales, pues aquí simplemente es a un año o a otro o a otro o a otro, no entonces en ese expediente, eso es lo que observamos, y obviamente eso no se trata ni tiene nada que ver con ser municipalistas, al contrario, de algo carece, lamentablemente las finanzas municipales es del control y sobretodo que los proyectos vayan asignados a el beneficio de la ciudadanía”, apuntó.
Dentro de los ajustes a la ley quedo establecido que los municipios podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones del o los financiamientos que cada uno de ellos decida contratar, con excepción de la tasa fija.
“Se autoriza que el importe máximo de cada financiamiento que individualmente decida contratar el Municipio de que se trate, así como el plazo para su pago, se determinen en lo particular en el correspondiente contrato de apertura de crédito que al efecto se suscriba”, se establece en el dictamen.
