Amnistía Internacional (AI) informó que en México al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres, en medio de la crisis de desapariciones que actualmente suma más de 133 mil personas no localizadas en el país.
En el marco de la XIV Marcha por la Dignidad de las Madres Buscadoras, realizada este 10 de mayo, la organización hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad de quienes participan en labores de búsqueda.
AI destacó que más del 90 por ciento de los colectivos de búsqueda están integrados y encabezados por mujeres, quienes ante la falta de respuestas efectivas del Estado han asumido la tarea de localizar a sus familiares desaparecidos.
“Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas han sido principalmente las mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— quienes han asumido las labores de búsqueda”, expresó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La organización señaló que las madres buscadoras recorren cárceles, fosas, calles y zonas controladas por el crimen organizado para intentar localizar a sus seres queridos, enfrentando constantemente riesgos y amenazas.
Asimismo, AI exhortó a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a implementar medidas integrales que garanticen protección, reconocimiento y participación activa de las familias buscadoras en las investigaciones.
La ONG también pidió al Estado mexicano aceptar apoyo internacional frente a la crisis de desapariciones, luego de que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) abriera la posibilidad de brindar asistencia técnica y financiera al país.
Según Amnistía Internacional, este respaldo podría fortalecer las labores de búsqueda, identificación forense e investigación, además de ofrecer mecanismos de protección para las personas buscadoras y defensoras de derechos humanos.
A inicios de abril, el Comité de la ONU advirtió sobre la posibilidad de que las desapariciones en México puedan constituir crímenes de lesa humanidad debido a la magnitud del problema, postura que fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
