Por: Jorge Maldonado Díaz
Con la finalidad de reducir tiempos en la resolución de fraudes inmobiliarios, financieros y de despojos de inmuebles, activistas y afectados el presunto fraude de Proyectos 9 se presentaron en el Congreso Local para presentar una iniciativa de reforma.
En la presentación de la documentación en la Oficialía de Partes del Congreso Local, señalaron que quieren que la ley sea más rápida y expedita.
Es decir, que no solamente se detenga al o los responsables, si no que se frene una posible compra venta del terreno, ya que se han topado que una propiedad emproblemada con este tipo de situaciones puede ser vendida en varias ocasiones.
“Proponemos que la justicia no nada más detenga, que sea expedita y rápida. No podemos esperar a que yo vaya y denuncie un fraude inmobiliario, un despojo de una empresa, un despojo de una propiedad, un fraude financiero y esperar a los tiempos que las instituciones quieren. Necesitamos que resuelvan con prontitud”, expuso Roberto Medina Martínez, activista.
Indicó que actualmente los tiempos de resolución no son los oportunos, pues aseguran que pasan año sin que exista «justicia”.
“Obviamente tiene que investigarse y partiendo de ahí, a ver, mientras son peras o son manzanas, esto se queda inamovible y vamos a ver quién tiene la razón. Hagan su trabajo. El Congreso local ha sido omiso, no de esta iniciativa que estamos presentando, sino de todo”, puntualizó.
Las modificaciones a la ley que pretenden se enfocan en el Cdigo Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, y de la ley del Instituto Registral y Catastral.
“A lo mejor para un diputado local, para un diputado federal, para un funcionario de gobierno, el perder un patrimonio de 500 mil pesos o de un millón de pesos, de 2 millones de pesos, de 4 millones de pesos, puede ser muy factible o normal, no es normal. Desde que agarran algo que no es de ellos, no es normal. Nosotros necesitamos alzar la voz”, enfatizó.
En entrevista, Medina Martínez dijo que desafortunadamente es en Nuevo León donde ocurren este tipo de delitos.
“Hay cientos, sino que miles de personas agraviadas en nuestro estado. Ya no podemos permitir que esto siga pasando en Nuevo León, no es posible que hagan caso omiso las autoridades estatales”, finalizó.
En la presentación de la iniciativa también estuvo Liliana Leal, afectada y vocera de proyectos 9.
