Por: Jorge Maldonado Díaz
Ante las desapariciones de María Fernanda Contreras y Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió dos expedientes de queja, así lo informo Susana Méndez Arellano.
La presidenta de dicho organismo aseveró este domingo que dicha solicitud de información se hizo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; a la Comisión Local de Búsqueda y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
“Estamos solicitando desde la semana pasada que abrimos las quejas de oficio, información a las autoridades para esclarecer las acciones de búsqueda y localización, y verificar que se haya actuado correctamente”, señaló.
“Son las instituciones públicas, las que deben dar los datos oficiales. La Comisión evaluará e informará en caso de que pueda resultar algún hecho violatorio de Derechos Humanos”, apuntó.
La funcionaria estatal indicó que, una vez realizada la petición, las dependencias estatales cuentan con cinco días para otorgar la información, misma que al ser entregada sera evaluada de manera inmediata.
La queja en el caso de debanhi está basada en la presunta omisión de la Fiscalía en llegar al domicilio, lo cual, dijo, se va a corroborar una vez que la Fiscalía, les haga llegar la información.
“En el caso de la joven Debanhi nos señala el padre, un posible homicidio, unas posibles lesiones”.
“En tanto a la información relacionada sobre un presunto abuso sexual, sobre si hay una privación de la vida en la que hayan intervenido una o más personas, se va a esclarecer una vez que la Fiscalía nos otorgue el expediente y la información que le estamos solicitando en los oficios correspondientes”, apuntó.
A raíz de todas las interrogantes y dudas por el caso, Méndez Arellano dijo que sistendran una reunión con el padre de Debanhi entre lunes y martes, al igual que con la familia de María Fernanda.
Cabe destacar que en la actualidad, la CEDH cuenta con seis carpetas abiertas de personas desaparecidas hasta lo que va del año.
Explicó que la investigación, en la que se le ha pedido información a las Secretarías de Seguridad Pública de todos los municipios, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, tiene como objetivo contextualizar el fenómeno y establecer una propuesta general e impulsar políticas públicas en favor de preservar derechos humanos fundamentales.
