Por: Jorge Maldonado Díaz
A partir de ahora quien obtenga imágenes o videos de pornografía infantil en un plantel educativo o en celebración de actividades académicas, o por persona cometida por una persona mayor con quien la víctima tenga un vínculo familiar, académico o laboral será fuertemente sancionado.
La Comisión de Seguridad y Justicia aprobó cambios al Código Penal en donde contemplan sanciones que van desde los 22 a 32 años de prisión.
La diputada Ana González González asevero que era necesario recrudecer las sanciones para quienes cometan este delito en contextos que se supone deberían ser seguros para los menores, como lo son los planteles educativos.
La propuesta de reforma al código penal del estado avalada es una adición del artículo 201 bis 3.
“La pena que se imponga por la comisión del delito de pornografía infantil será aumentada en una mitad cuando la obtención de las imágenes o videos se haya realizado en las instalaciones de un plantel educativo o en la celebración de actividades académicas”, cita el expediente legislativo 15398/76.
El mismo dictamen, turnado a la Comisión para su estudio desde el pasado 25 de mayo, propone la misma medida en caso de que el delito “sea cometido por una persona mayor de edad con quien la víctima tenga un vínculo familiar, académico o laboral”.
“No vamos a permitir que el sano desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes se vea afectado por conductas tan deplorables, por ello requerimos todo el apoyo de las autoridades, para verificar que en ningún otro plantel educativo público o privado se lleven a cabo conductas similares”, indicó González González.
Esto se avaló luego de que el dueño del Instituto Las Brisas A. C. fue detenido por haber instalado al menos dos cámaras de video en botes de basura en el sanitario de mujeres de su quinta a donde llevaban de paseo a los alumnos.
El exdirector Jorge Alonso de 73 años fue acusado de los delitos de pornografía infantil, acoso sexual y corrupción de menores.
