La Fiscalía de la Nación de Perú confirmó este miércoles la detención del expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional.

“El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como “el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional” y recoge que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.

La institución detalló que dirigió la detención del exmandatario en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides.

El Ministerio Público añadió en su información que como parte de la diligencia, se realizó a Castillo el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

El presidente de Perú anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia para gobernar por decreto el miércoles, una medida sorprendente que los líderes políticos de todo el espectro se apresuraron a denunciar como un intento de golpe de Estado.

La declaración del presidente Pedro Castillo se produjo horas antes de que el Congreso tuviera una votación, previamente programada, sobre un juicio político contra Castillo por cargos de corrupción. Después del discurso de Castillo, el Congreso adelantó su reunión y votó con rapidez para destituirlo como mandatario.
Para la tarde del miércoles, Castillo estaba bajo arresto y su vicepresidenta, Dina Boluarte, prestó juramento como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el país.

El anuncio de Castillo replicaba una decisión del presidente Alberto Fujimori, quien fue elegido democráticamente en 1990 y tras dos años dio un golpe de Estado con el apoyo de los militares y gobernó como dictador hasta el año 2000. Ahora está en prisión acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

El intento de Castillo de desafiar al Congreso sumió a la frágil democracia en su mayor crisis política en años.