Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el propósito de frenar el incremento a las tarifas del agua que el Consejo de Agua y Drenaje avalo el pasado lunes, el Congreso Local turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable un decreto que establece que la paraestatal Agua y Drenaje no puede implementar aumento alguno hasta después del año 2023.
Waldo Fernández González, diputado de Morena dijo que esto permitirá al legislativo analizar con lupa el decreto con el único objetivo de no afectar a los ciudadanos.
En la sesión de este miércoles, se presentó el punto de acuerdo donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través del director de Agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, se detenga la propuesta de incremento de tarifas del agua potable.
“Hay un decreto que establece que no puede haber incrementos tarifarios hasta el año 2023. En este año no puede haber incrementos, lo turnamos a comisiones y estamos solicitado al Estado que no incremente y respeto este decreto”.
“El origen proviene de una negociación con la Federación, entre el gobernador y el Presidente. La gente de Agua y Drenaje llevaba muy buenas finanzas sanas. Se acordó que se iban a hacer la Presa Libertad sin que le costara al usuario, mismo compromiso que refrendó el congreso”, dijo el morenista.
Fernández González aseveró que de no acatar lo establecido en el mencionado decreto estarían cayendo en responsabilidades administrativas.
“Existe un decreto aprobado por la pasada legislatura en su Transitorio 3, que también daría una responsabilidad administrativa contra el gobernador Samuel García y Juan Ignacio Barragán por haber aprobado los incrementos”.
“Un decreto es mucho más fuerte que un Consejo, por tal motivo no pude haber incrementos”, sentenció el morenista.
En medio de la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León, el Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey aprobó el lunes, en una sesión privada, el incremento a las tarifas del vital líquido.
El aumento iría al uso doméstico, como en las tarifas escalonadas con base en el consumo y la llamada tarifa ecológica.
El incremento también recaería para el sector comercial y el servicio público, además se avaló la instalación de reductores de presión para consumos elevados.
