Por: Jorge Maldonado Díaz
A 24 días de haber renunciado a la candidatura por la alcaldía de Monterrey, por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, los problemas para el ahora senador Víctor Fuentes Solís no terminan.
El Tribunal Estatal Electoral lo multo con 44 mil 480 pesos por actos anticipados de campaña, tras una denuncia que entablo el Partido Acción Nacional.
En la denuncia se especificaba, que el entonces ex aspirante a la alcaldía regia, en fecha 5 de marzo, se colocó un anuncio panorámico del denunciado, presentándose como candidato a alcalde de Monterrey por la referida Coalición.
Al realizarse una investigación de los hechos, se declaró la existencia de la infracción, ya que el denunciado se publicitó como candidato, una calidad con la que no contaba al momento de la exhibición de la referida propaganda comicial y sin que el deslinde pretendido por el incoado resultara idóneo para eximirlo de responsabilidad.
Por lo anterior se sancionó al ex candidato con una multa de 500 UMA, lo que equivale a $44,480.00 y al Partido del Trabajo se le aplico solamente un apercibimiento.
“Ordénese girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que haga efectivo, de manera individualizada, el cobro del crédito fiscal al denunciado por la cantidad de $ 44,480.00 pesos. (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional)”
También a Samuel
Durante la sesión, los magistrados determinaron sancionar también al candidato a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda con 4 mil 481 pesos.
Lo anterior por haber difundió una imagen en la que aparece él y dos menores de edad, la cual se publicó en su cuenta de Facebook, y se advierte la imagen de los menores de edad, cuya identidad es reconocible, y en el caso, no se allegó la documentación correspondiente al consentimiento para la aparición de los menores en la publicación denunciada.
El TEE también hizo una amonestación pública, al candidato de la coalición ‘Vamos Fuerte por Nuevo León”, integrada por el PRI y el PRD por haber puesto propaganda electoral en un edificio público, con lo cual se contraviene la normatividad electoral.
Al levantar una investigación se comprobó que se acreditó la existencia de la propaganda de campaña, la cual se encontró ubicada en una demarcación de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, Nuevo León, es decir, en un bien de dominio público municipal.
Además, se hizo un apercibimiento al PRI y el PRD, por culpa in vigilando, en virtud de que el denunciado obtuvo un beneficio indebido y directo por la propaganda acreditada, aunado a que es obligación de los partidos postulantes del mismo verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a dicha propaganda.
