Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, NL.- Mientras las leyes no cambien, las autoridades no podrán hacer nada para detener la ola de amenazas que han venido ocurriendo al interior de las escuelas, así lo informó Javier Sepúlveda Martínez.
El Fiscal Especializado en Justicia para los Adolescentes informó que de los 13 casos ocurridos en el mes de enero en ninguno se han ejercido acciones penales contra los responsables.
Esto debido a que la amenaza no es considerada un delito a pesar del miedo y el terror que ocasionan en las escuelas.
Las autoridades han señalado que los infractores que cometen este tipo de conductas solamente son sometidos a un programa de apoyo psicológico.
“En la mayor parte de estos asuntos son bromas de mal gusto en donde se debería de saplicar una sanción, nosotros estamos trabajando yendo a las escuelas, hemos hablado con los padres de familia, hemos citado a los adolescentes y estamos buscando las causas, estamos trabajando una carpeta de investigación parta que estos adolescentes tengan un tratamiento psicológico en donde les hacemos saber el pánico que ocasionan”.
“El delito de amenazas no ésta dentro de los 10 temas que ameritan cárcel esta en el artículo 164 de la ley, desafortunadamente el tipo penal de terrorismo tiene varias implicaciones, habla que quien utilizando explosivos, sustancias toxicas o bacteriológicas o cualquier tipo de arma cause incendio o inundación o realice actos que causen terror en la población, se ésta estudiando la posibilidad donde se utilicen este tipo de acciones causen psicosis, solo en eso.”.
“En el caso de los padres solamente hay una responsabilidad civil, que hay que hacer, las sanciones que nosotros tenemos obedecen a una realidad distinta a la que estamos viviendo a consecuencia de varios asuntos que se han presentado, las sanciones están en una ley que el Ministerio Público no puede cambiar, eso le compete a los legisladores del Congreso de la Unión para poder aplicar sanciones ejemplares a quien haga este tipo de amenazas”, dijo.
Del 2017 al 2020 se han recibido un total de 214 reportes anuales de reportes y amenazas en planteles educativos, en el 2017 fueron 45, 2018 se reportaron 65 y en el 2019 los casos atendidos fueron 57.
El Fiscal aseveró que mientras las leyes no cambien esto seguirá ocurriendo, porque en muchas de las ocasiones, los mismos padres los solapan y los menores se sienten empoderados para seguir cometiendo este tipo de acciones.
“Los menores que cometen este tipo de acciones son sometidos a un tratamiento psicológico, apercibimiento, una amonestación, una vigilancia por parte de las autoridades, una libertad asistida, pero nunca una sanción privativa de la libertad”, aseveró.
