Fotografía de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña. EFE/ Jeffrey Arguedas
Asunción, Paraguay.- El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó bajo arresto domiciliario este viernes, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de detención en su contra, en medio de la crisis política y financiera desatada por el caso de Ueno Bank.

La Policía Nacional confirmó que el exmandatario fue notificado oficialmente de la medida en su residencia, donde deberá permanecer hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en Asunción.

“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio”, informó un oficial de la Policía ante medios de comunicación.

La fiscal Silvia González también confirmó que las autoridades localizaron a Peña en su vivienda y que quedó a disposición de la investigación.

La orden judicial contempla además la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes pasado se desempeñó como titular del Banco Central de Paraguay (BCP), cargo al que renunció tras el escándalo relacionado con Ueno Bank.

La medida provocó reacciones entre ciudadanos que se concentraron frente a la residencia del exmandatario. Imágenes de medios locales mostraron a alrededor de 20 agentes resguardando el inmueble, mientras algunos manifestantes exigían que Peña fuera trasladado a prisión.

“El pueblo exige que vaya a la cárcel; nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya (huya), no se quede en su casa, que duerma tras las rejas”, declaró una mujer identificada como Andrea Salazar.

La crisis en Paraguay se intensificó luego de que el Banco Central ordenara un procedimiento de resolución para Ueno Bank, institución que cuenta con aproximadamente 2.94 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes.

El caso generó preocupación entre los ahorradores, quienes denunciaron dificultades para acceder a sus recursos. Entre los afectados se encuentran alrededor de 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales entidades de pensiones del país.

La controversia también tomó relevancia por los recursos millonarios que instituciones públicas depositaron en el banco durante la administración de Peña, situación que derivó en cuestionamientos y en la actual investigación por presuntas irregularidades.