Por: Jorge Maldonado Díaz
Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dirigentes, senadores, Diputados locales y aspirantes de Morena a la Gubernatura en el 2027, presentaron este lunes ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra Samuel García.
La presentación de la solicitud estuvo acompañada por diversas personalidades y ciudadanos que respaldaron el llamado a que las instituciones investiguen los hechos denunciados y garanticen la rendición de cuentas en el ejercicio del servicio público.
La solicitud apunta a la posible existencia de mecanismos mediante los cuales empresas contratistas del Gobierno del Estado habrían recibido recursos públicos para posteriormente transferir cantidades millonarias a despachos jurídicos presuntamente vinculados al gobernador.
Anabel Alcocer Cruz señaló que la gravedad de los hechos denunciados radica en la posible utilización indebida de recursos que pertenecen a las y los ciudadanos de Nuevo León, recursos que debieron destinarse a rubros prioritarios como salud, educación, seguridad, movilidad, infraestructura y programas sociales.
Asimismo, destacó que la denuncia no constituye una sentencia anticipada ni busca sustituir las facultades de las autoridades competentes, sino activar los mecanismos constitucionales de rendición de cuentas previstos por la ley cuando existen indicios de posibles irregularidades en el ejercicio del servicio público.
De acuerdo con los elementos presentados, existen señalamientos que apuntan a posibles esquemas de triangulación de recursos públicos mediante empresas contratistas que habrían recibido recursos gubernamentales y posteriormente canalizado cantidades millonarias a despachos jurídicos relacionados con el titular del Ejecutivo Estatal.
Adicionalmente, se informó que parte de los recursos involucrados podrían tener origen federal, por lo que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles conductas constitutivas del delito de peculado.
Alcocer Cruz hizo un llamado al Congreso del Estado para actuar con independencia, objetividad y apego a derecho, analizando los hechos, las pruebas y los informes que resulten necesarios para determinar si existen responsabilidades políticas derivadas de los hechos denunciados.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y las instituciones tienen la obligación de actuar cuando existen indicios de posibles actos de corrupción. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de Derecho deben prevalecer por encima de cualquier interés particular”, señaló.
La solicitud presentada busca que las instituciones competentes investiguen a fondo los presuntos actos de corrupción relacionados con la triangulación de recursos públicos y, en su caso, determinen las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
