El Gobierno de Monterrey informó la cancelación definitiva del contrato que mantenía con el consorcio integrado por las empresas Next Energy de México, Constructora Maiz Mier y Eólica Santa Catarina, tras concluir un procedimiento de rescisión administrativa derivado de diversos incumplimientos y retrasos en la ejecución del proyecto.
De acuerdo con la administración municipal, la decisión se tomó después de más de un año de acciones legales y administrativas encaminadas a proteger el patrimonio público, logrando la terminación del contrato con un saldo favorable para el Municipio.
El acuerdo original fue firmado en marzo de 2020 como resultado de una licitación pública nacional para el suministro de energía limpia destinada a oficinas, inmuebles municipales y alumbrado público. El proyecto contemplaba la construcción de una Central Eléctrica de Generación Limpia que, al finalizar la vigencia contractual, pasaría a ser propiedad del Municipio.
Según la autoridad municipal, el proveedor incumplió con la instalación de dicha central dentro del plazo establecido, por lo que durante la administración 2019-2021 se aplicaron sanciones y penalizaciones que representaron ingresos por 174.5 millones de pesos para el Municipio, sin que se reconociera avance físico alguno de la obra.
Posteriormente, en mayo de 2024, durante la administración 2021-2024, se aprobó una modificación al contrato mediante un convenio que sustituyó el proyecto original por la instalación de mil 397 microplantas de generación eléctrica, integradas por cerca de 45 mil paneles solares en inmuebles y espacios públicos municipales.
El Municipio señaló que dicho convenio incluyó la entrega de constancias de avance por más de 3 mil 150 millones de pesos, las cuales comprometían pagos mensuales de hasta 49 millones de pesos en favor del proveedor. Sin embargo, al concluir esa administración tampoco existían avances en la conexión de los paneles para la generación de energía.
Al inicio de la actual gestión municipal 2024-2027, encabezada por Adrián de la Garza, se realizó una auditoría al contrato y se emprendieron acciones jurídicas para reforzar los mecanismos de protección patrimonial.
Como resultado de estas medidas, la administración informó haber recuperado diversos beneficios económicos, entre ellos 239 millones de pesos por adeudos derivados de incumplimientos, 32 millones de pesos por descuentos relacionados con el consumo de energía eléctrica y 2.5 millones de pesos por concepto de penalidades.
Asimismo, se incorporó al patrimonio municipal el terreno donde originalmente se proyectaba construir la central eléctrica y se logró avanzar en la instalación de aproximadamente 6 mil paneles solares para inmuebles municipales.
No obstante, tras un análisis técnico y operativo, el Gobierno de Monterrey determinó que el esquema modificado presentaba una elevada complejidad de ejecución debido a la necesidad de instalar miles de paneles solares y formalizar más de mil 300 contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de documentarse nuevos retrasos e incumplimientos.
Ante este escenario, la administración municipal procedió con la rescisión administrativa del contrato, concluyendo con su cancelación definitiva.
Entre los principales resultados de esta decisión, el Municipio destacó la cancelación de las constancias de avance emitidas en 2024, eliminando la obligación de realizar pagos superiores a los 3 mil 150 millones de pesos durante la vigencia del contrato.
El Gobierno de Monterrey reiteró que continuará implementando acciones para salvaguardar los recursos públicos y garantizar que los proyectos municipales se desarrollen bajo criterios de eficiencia, legalidad y beneficio para la ciudadanía.
