Por: Jorge Maldonado Díaz
Para crear el Seguro de Empleo Comunitario, un programa estatal que otorgaría un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual por hasta seis meses, a cambio de que los beneficiarios realicen labores de alto valor para sus comunidades, la bancada Independiente presento un paquete de iniciativas.
La diputada Rocío Montalvo Adame, dijo que esto se hacía con el objetivo de proteger a las personas en situación de desempleo y, al mismo tiempo, mejorar el entorno urbano.
La propuesta transforma el concepto de asistencia social en uno de corresponsabilidad activa en el que las personas desempleadas podrán acceder a un ingreso digno mientras contribuyen con tareas como vigilancia vecinal preventiva, mantenimiento de parques y jardines, y brigadas de limpieza urbana.
“El trabajo dignifica y la solidaridad transforma las comunidades. Este programa es un mecanismo para que quien esté desempleado pueda aportar a su familia mientras contribuye activamente a la comunidad. Un vecino que esté vigilando su cuadra o su colonia, una cuadrilla limpiando un parque abandonado eso es invertir en reconstruir el tejido social”, señalo.
La iniciativa reforma establece disposiciones en cuatro leyes estatales para hacer viable el programa, estas leyes son la de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Gobierno Municipal y la del Servicio Civil.
“Este modelo ya opera a nivel federal con programas de empleo temporal como el PET de SEMARNAT. Lo que proponemos es adaptarlo a las necesidades de Nuevo León, vinculándolo directamente con la seguridad y el cuidado de nuestros espacios públicos. Un parque limpio y vigilado no solo previene delincuencia, también aumenta la plusvalía de las viviendas y devuelve el espacio a las familias», explicó la diputada.
La legisladora destacó que el programa tendría una duración máxima de seis meses continuos, tiempo suficiente para que el beneficiario se reinserte en el mercado laboral formal mientras recibe un ingreso y mantiene un vínculo productivo con la sociedad.
“Esto es justicia social con enfoque comunitario. Vamos más allá de aportar a quien lo necesita, a construir entornos más seguros y limpios con la participación corresponsable de los beneficiarios. El Estado invierte, el ciudadano se involucra y la comunidad entera se beneficia”.
“Podemos convertir la vulnerabilidad en oportunidad de mejora colectiva” concluyó la diputada. De aprobarse, las autoridades estatales y municipales contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus reglamentos y poner en marcha el programa”, puntualizó.
