La jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó la solicitud de libertad anticipada presentada por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), quien cumple una sentencia de nueve años por asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Con esta resolución, el exmandatario permanecerá en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, hasta abril de 2026, fecha en que concluye su condena.
La juzgadora, adscrita al centro de justicia ubicado dentro del penal, determinó que Duarte no cumple con dos de los siete requisitos legales para acceder a la preliberación, entre ellos el más determinante: no estar sujeto a otros procesos. Zamorano recordó que el exgobernador aún enfrenta un expediente en el que se le acusa de presuntamente obstruir una investigación relacionada con desaparición forzada. Su defensa anunció que impugnará la decisión.
El equipo legal de Duarte argumentó que el político priista ha cumplido más del 70% de su sentencia y presentó testigos —en su mayoría funcionarios del Reclusorio Norte— que declararon a su favor. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso desde un inicio a la preliberación y presentó testigos que señalaron presuntas conductas inapropiadas del interno, así como la posesión de objetos prohibidos en su celda, entre ellos una pluma con cámara y un teléfono celular.
Durante la audiencia, fiscales federales y de Veracruz acusaron a Duarte de haber frenado de manera deliberada el avance de otros procesos en su contra. Relataron incluso que, en una ocasión, el exgobernador tuvo que ser trasladado ante un juez amarrado a una silla, luego de negarse a acudir a una audiencia.
La discusión sobre su posible libertad anticipada generó una amplia atención mediática debido al papel que jugó Duarte dentro del llamado “nuevo PRI”, una generación de políticos que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se vio envuelta en escándalos de corrupción. En 2018, el exgobernador fue condenado por el desvío de 1,670 millones de pesos; no obstante, investigaciones periodísticas y auditorías federales han documentado irregularidades por montos mucho mayores durante su administración.
Duarte solicitó la preliberación argumentando buena conducta y su deseo de reunirse con su familia. Su esposa, Karime Macías, señalada también por presunta participación en la red de desvíos, reside desde hace años en Londres. Aunque en noviembre de 2024 Duarte fue exonerado en un caso por obstrucción en una investigación de desaparición forzada, la resolución fue impugnada por autoridades de Veracruz, por lo que no ha quedado firme. Esa condición fue determinante para que la jueza Zamorano negara el beneficio.
Con esta resolución, el exgobernador deberá permanecer en prisión hasta el término oficial de su condena. Su defensa busca revertir la decisión.
