Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Tras la orden que emitió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Congreso del Estado para que sancione al Gobernador Jaime Rodríguez, por irregularidades en la recolección de firmas por parte de funcionarios estatales en horario laboral, diputados locales aseguraron que están en tiempo y forma y acatarán la instrucción.
Arturo Bonifacio de la Garza Garza presidente de la Comisión Anticorrupción y Diputado local de Morena señaló que recibieron el 29 de julio la sentencia de la Sala en la que hace referencia a un incumplimiento a una resolución del 21 de junio del 2018.
“Me permito comunicar en mi calidad de Presidente de la Comisión Anticorrupción que dicha resolución será acatada por un servidor y se procederá conforme a derecho antes de la fecha estipulada”.
“Los actos de corrupción no deben ignorarse, es lamentable que los principios del servicio público sean infringidos y todo aquel que se involucre en situaciones de este tipo debe ser castigado”, aseveró.
El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, dijo que tienen del 1 de septiembre al 20 de diciembre para sancionar a ambos funcionarios.
“Que sepa la ciudadanía que el Congreso tiene hasta el 20 de diciembre para sancionar, el caso será atendido y resuelto en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre”, indicó.
El coordinador del PAN, Carlos de los Fuente, dijo que el tema se pondrá sobre la mesa a partir de la segunda semana de septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario y se encuentren los representantes de todos los partidos.
“En la siguiente reunión de Cocri trataremos el tema y lo veremos con los demás coordinadores para incluir en la agenda mínima del siguiente periodo”.
“Nos exigen que tenemos que resolverlo en el próximo ordinario, porque esa es la instrucción del Tribunal que tenemos que analizar y atender”, expresó.
Por su parte, la diputada Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, dijo que el dictamen es responsabilidad de la Comisión Anticorrupción que preside Morena.
En lo único que coincidieron los legisladores fue al señalar que no sabe aún cuál o cuáles serían las sanciones aplicables al Gobernador y al Secretario General de Gobierno.
Sin embargo, la ley marca una sanción que incluye una infracción de 80 millones de pesos aproximadamente por cada funcionario, destitución del cargo e inhabilitación de funciones.
