Por: Jorge Maldonado Díaz
Una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores es la que presentó la bancada de Morena del Congreso Local para asegurar su protección integral y garantizar su seguridad, dignidad e integridad contra diferentes tipos de violencia.
La diputada Reyna Reyes Molina enfatizó que con las modificaciones propuestas se añade la seguridad patrimonial y económica.
Lo anterior con el fin de evitar que sean víctimas de engaños, manipulaciones o uso de la fuerza para despojarlas de sus propiedades, incluyendo cuentas bancarias, muebles bienes e inmuebles.
La legisladora dijo que, de acuerdo a cifras oficiales, en Nuevo León ocurren 10 casos diarios de maltrato a personas adultas mayores.
Este grupo vulnerable sufren muchas de las veces de violencia de abandono, psicológica, patrimonial, y sexual.
Lo anterior lo manifestó la diputada morenista en el marco de la celebración del Mes del Adulto Mayor.
“Este cambio es crucial para que las intervenciones de las autoridades no solo sean reactivas, sino también anticipatorias, proactivas y alineadas con los principios fundamentales de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, sostuvo.
Ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, planteó: una reforma por adición de una fracción VII al artículo 4, de un inciso h) a la fracción II del artículo 5, por modificación de las fracciones V y VI del artículo 4 y de los incisos f) y g) de la fracción II del artículo 5, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León.
Reyes Molina insistió en que la propuesta conlleva a garantizar que las autoridades competentes no den por concluidas las intervenciones de forma prematura, sino que investiguen adecuadamente si el adulto mayor está siendo víctima de violencia psicoemocional, económica, patrimonial, entre otras, más allá de los signos físicos visibles de abuso.
“Las intervenciones suelen limitarse a una revisión superficial, en la que solo se verifica que el adulto mayor esté bien alimentado, vestido y sin signos visibles de violencia física, sin profundizar más allá de esta evaluación”.
“Como resultado, no se investiga si el adulto mayor está sufriendo otros tipos de violencia, como la psicoemocional, económica o patrimonial, que no dejan señales físicas inmediatas. De este modo, las autoridades dan por concluida la intervención sin realizar una investigación”, comentó.
