Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles la salida de Rosendo Gómez Piedra como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y aseguró que se trató de una renuncia voluntaria, aunque reconoció que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos habían solicitado su remoción.
“Él renunció, él decidió renunciar. Y por lo pronto está el licenciado (Mauricio) Pasarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La salida del fiscal fue reportada por diversos medios la noche del martes. De acuerdo con Vidulfo Rosales, abogado de las familias, la decisión responde a reiteradas peticiones de los padres y madres de los normalistas, quienes acusaban a Gómez de corrupción, falta de resultados y pérdida de confianza.
No obstante, la presidenta matizó este señalamiento. “Ellos incluso ya habían pedido que el fiscal no permaneciera y fue una decisión de él, de decir: ‘Bueno, yo ya cumplí un periodo, una fecha’, y tomó la decisión de retirarse”, declaró.
Sheinbaum informó que será Mauricio Pasarán quien asumirá la responsabilidad de la unidad encargada del caso, y destacó que ya está familiarizado con la carpeta de investigación.
La presidenta reiteró su compromiso con una “nueva visión” de la investigación, basada en análisis científicos, revisión de llamadas telefónicas y otros elementos que, según afirmó, no se exploraron suficientemente en años anteriores.
“El caso Ayotzinapa no debe cerrarse nunca hasta que se encuentre a todos los jóvenes”, señaló, y reafirmó su intención de abrir los archivos del Ejército y castigar a los responsables.
Antecedentes
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, mientras los jóvenes se dirigían a Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre, en memoria de la matanza de Tlatelolco de 1968.
Desde entonces, el caso ha sido uno de los episodios más emblemáticos de impunidad y exigencia de justicia en México. A casi una década, los familiares continúan exigiendo verdad y castigo a los responsables.
