Por: Jorge Maldonado Díaz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación señalo que el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda en realidad violo la Constitución e incurrió en una ilegalidad al no publicar el decreto donde la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pasa a ser una Fiscalía Especializada.
En la resolución se emite que el mandatario estatal esta obligado a publicar el dictamen avalado por el Congreso Local en un plazo de 16 días, es decir, hasta el 15 de febrero.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN dijo que de no acatar la medida, el mandatario estatal será acreedor de una sanción por no acatar una orden de la SCJN.
Dijo que en el proyecto emitido por la ministra Margarita Ríos Farjat se establece que García Sepúlveda violo el artículo 71 de la Constitución.
Y que al no publicar el decreto con reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, provocó la subordinación del Legislativo.
“En la sentencia se establece que el Poder demandado, en este caso el Ejecutivo, sí actuó ilegalmente, toda vez que no dio trámite a la solicitud de publicación del decreto a pesar de estar obligado a ello”.
“En consecuencia, al no haber actuado conforme a las disposiciones legales aplicables y haber provocado la subordinación del Poder Legislativo, se violentan los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el de división de Poderes, que tienen por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a uno de los Poderes que integran los estados”.
“Por lo que debe considerarse que la omisión en la publicación del Decreto 196 es violatoria de los artículos 14, 16, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, procede declarar su inconstitucionalidad”, aseguró.
Ante tal resolución, el líder de los legisladores del PAN dijo que en la resolución también queda claro que el Gobernador del Estado debe de respetar la división de los poderes.
De la Fuente Flores manifestó que tarde que temprano, se tendrán que publicar los decretos que García Sepúlveda tiene congelados para no publicarlos en el Periódico Oficial del Estado.
