Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Con el objetivo de que los diputados se abstengan de beneficios en razón de su cargo, ejerzan sus funciones con honradez y se les sancione cuando no lo hagan, la bancada del PRI presentó una iniciativa para crear un Código de Ética que regule la conducta de los legisladores.
El Diputado Marco González Valdez, explicó que con esto los Legisladores estatales se pondrían al día con lo que ya se hace en otros ámbitos, como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
“Es momento de que este Congreso cuente con un Código de Ética, que sustente y se complemente con el Comité de Ética, también recientemente impulsado por esta Legislatura”.
“Este Código de Ética busca también evitar el descrédito de los Diputados ante los ciudadanos y reafirmar nuestro papel como ejemplos de conducta para la sociedad”, manifestó.
El diputado priista detalló, en la iniciativa se contemplan sanciones para quienes falten a las disposiciones del Código.
“Dependiendo de la gravedad de las infracciones que cometan los legisladores que sean objeto de este Código, se impondrán las siguientes sanciones: amonestación pública y privada, sanción económica, misma que será descontada de su dieta el equivalente a su percepción diaria bruta, y ser removido de la Comisión o Comité al que pertenece”, agregó.
Por otra parte y con el fin de eliminar la intervención del Congreso del Estado en los asuntos relacionados a la administración de bienes inmuebles municipales, la bancada del Partido Nueva Alianza propuso reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León
La Diputada María Dolores Leal aseveró que los cambios se llevarían a cabo en los párrafos décimo primero y décimo segundo de la fracción XII del artículo 210.
“Cuando el Municipio pretenda otorgar alguna concesión sobre áreas para su uso, aprovechamiento o explotación a particulares o instituciones de derecho público o privado, además de lo establecido en el párrafo que antecede, será necesario contar con la aprobación del Congreso del Estado”.
“Las áreas de cesión de fraccionamientos industriales podrán ser enajenadas o permutadas por los Municipios para el fin que resulte de mayor beneficio para el propio Municipio y sus habitantes, sin el requisito de aprobación del Congreso del Estado, puntualizó.
