Por: Jorge Maldonado Díaz
Conforme pasan los días y el pleito entre diputados y Gobernador sigue creciendo, ahora el Congreso Local buscará una nueva Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad en contra del Ejecutivo Estatal por haber omitido la entrega de la Ley de Egresos para el 2023 tal y como lo establece la Constitución que este debe de ser cada 20 de noviembre.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN señalo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de emitir su el mandatario estatal Samuel García Sepúlveda incurrió en alguna ilegalidad o no al no cumplir con la ley.
De ser así, buscan que el mandatario estatal no pueda ejercer el presupuesto del 2022 en el 2023 tal y como lo ha estado señalando en días pasado el y el tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra.
“Se autoriza a la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo para que presente el análisis y en su caso elabore el proyecto o los proyectos de demanda de Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, ya sea en el ámbito local o federal según se determine, así como a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que, en representación legal de esta soberanía, intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución”.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto y pretender emplear el del año actual, dolosamente y sin sustento legal, no solo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses, dejando en el limbo jurídico y en una absoluta falta de certeza jurídica el gasto del siguiente año, ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinársele recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras.
“Como representantes populares debemos respetar y hacer respetar nuestra Constitución, por lo que, ante este escenario, es necesario acudir a tribunales, a fin de resolver esta problemática a través de los medios de control constitucional; de esta manera reafirmamos nuestro compromiso con la población neoleonesa de promover en todo momento la certeza y seguridad jurídica de los gobernados”, señaló De la Fuente.
Con esto, los diputados pretenden que no se vuelva a repetir la misma situación que en el 2022, en el que el mandatario estatal se negó a entregar la Ley de Egresos para que los legisladores puedan hacer los ajustes necesarios.
Como era de esperarse, los diputados de Movimiento Ciudadano se inconformaron con el dictamen y votaron en contra.
“No tienen ni siquiera la idea clara de hacia dónde van y lo único que quieren es esta animadversión que existe, en nada beneficia al Estado, es muy lamentable”, señalo Sandra Pámanes Ortiz.
Eduardo Gaona, coordinador de MC, arremetió contra la propuesta al señalar que solo son caprichos jurídicos.
“No se puede utilizar lo jurídico del Congreso para satisfacer caprichos de nadie, no tenemos claro esa parte de que por omisión pueda caber la controversia, son aspectos técnicos, el presupuesto del 2022 va a aplicar en 2023 y se contempla en la Constitución. No necesitamos judicializar”, concluyó.
