El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, conocido por su alineación con el chavismo, ratificó este jueves los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro. Este fallo, ampliamente cuestionado tanto dentro como fuera del país, ha intensificado la crisis política en Venezuela.
La presidenta de la Sala Electoral del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció la validación de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un acto oficial que contó con la presencia de altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos. La sentencia concluye un proceso de revisión solicitado por el propio Maduro, el cual se llevó a cabo bajo estricta confidencialidad y sin la participación de observadores de la oposición.
Rodríguez justificó la decisión en un informe elaborado por expertos, cuya identidad y metodología no fueron reveladas. Este proceso de validación, criticado por su falta de transparencia, se realizó en ausencia de la mayoría de los candidatos opositores, quienes habían sido convocados al TSJ pero optaron por no participar.
Antes del fallo, Edmundo González Urrutia, líder de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), advirtió que la decisión del TSJ «solo profundizará la crisis que enfrenta el país».
En un mensaje difundido a través de la red social X, González Urrutia expresó que la sentencia del TSJ no puede sustituir la voluntad popular y reiteró que su coalición ganó las elecciones, basándose en el 83,5 % de las actas electorales que han sido publicadas para respaldar su reclamo.
Pese a la exigencia de la comunidad internacional y la oposición, el CNE proclamó a Maduro como ganador sin divulgar los resultados desagregados, lo que ha incrementado las sospechas de fraude y ha generado un rechazo generalizado. Este escenario aumenta la tensión en Venezuela, donde la legitimidad del proceso electoral sigue siendo un punto de intenso debate y conflicto.