El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda por 100 millones de dólares contra el Departamento de Justicia, alegando que la redada realizada en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago fue inconstitucional y tuvo como objetivo dañar su reputación.
La acción legal, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, por sus siglas en inglés), acusa al Gobierno de persecución política, sosteniendo que la redada refleja una clara intencionalidad de socavar la figura de Trump en su calidad de candidato republicano a la presidencia en 2024.
La controversia gira en torno al registro efectuado por el FBI en agosto de 2022 en la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, como parte de una investigación federal sobre la posible retención indebida de documentos clasificados. Según la demanda, la operación, que condujo al decomiso de materiales confidenciales, representa una «conducta tortuosa» por parte del Gobierno, caracterizada por el abuso de poder y el incumplimiento de los principios constitucionales.
El caso, que inicialmente fue desestimado el 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, quien fue nominada por Trump durante su presidencia, está actualmente en proceso de apelación. La jueza argumentó que la designación del fiscal especial Jack Smith, responsable de la investigación, no fue realizada conforme a la ley, lo que viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.
Trump, quien enfrenta 37 cargos criminales relacionados con su manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, ha mantenido su inocencia, declarando «no culpable» en los procesos judiciales. Entre los cargos se incluyen la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas.
La demanda contra el Departamento de Justicia también apunta directamente al fiscal general Merrick Garland y al director del FBI, Christopher Wray, acusándolos de tomar decisiones que violan los protocolos establecidos, incluyendo la falta de consentimiento del objetivo de la investigación y la omisión de notificación a los abogados de Trump. La acción legal sostiene que estas decisiones no fueron motivadas por políticas sociales, económicas o políticas, sino que reflejan un incumplimiento de los principios fundamentales del estado de derecho.
En declaraciones a Fox News, el abogado de Trump, Epstein, argumentó que la demanda busca no solo defender al expresidente, sino también a todos los estadounidenses que creen en el estado de derecho y en la responsabilidad del Gobierno. «Lo que el presidente Trump está haciendo aquí no es solo defenderse a sí mismo, sino que está defendiendo a todos los estadounidenses», afirmó Epstein, subrayando la importancia de exigir cuentas al Gobierno cuando sus acciones perjudican a los ciudadanos.
El Departamento de Justicia tiene un plazo de 180 días para responder a la notificación de la demanda y buscar una resolución al conflicto legal. La situación sigue evolucionando, con implicaciones significativas para el panorama político y legal de Estados Unidos en los próximos meses.
