El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de implementar una estrategia de deportaciones masivas de migrantes indocumentados, recurriendo a poderes extraordinarios contemplados en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976 y al despliegue de las Fuerzas Armadas.
La confirmación de esta medida, una de las promesas más controversiales de su campaña, fue realizada a través de su red social Truth Social. Trump reafirmó que declarará una emergencia nacional para activar estos mecanismos, los cuales permitirán sortear la intervención del Congreso y movilizar recursos del gobierno federal.
Entre los planes figura la construcción de centros de detención masivos para albergar a los migrantes durante el proceso de deportación, así como la reasignación de tropas y agentes federales para apoyar estas operaciones. Además, se contempla ampliar el alcance de las expulsiones rápidas, un procedimiento que permitiría deportar a personas que no puedan demostrar su permanencia prolongada en el país.
De acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de derechos de los migrantes, estas medidas podrían afectar a más de 20 millones de familias, incluyendo ciudadanos estadounidenses con familiares indocumentados. Además, expertos señalan que la ejecución de este plan costaría miles de millones de dólares anualmente y generaría una crisis de mano de obra en sectores clave de la economía, como la agricultura y el servicio doméstico.
Durante su primer mandato, Trump ya recurrió a la Ley de Emergencias Nacionales en 2019 para redirigir fondos hacia la construcción del muro fronterizo. Aquella decisión enfrentó fuertes críticas y una serie de demandas judiciales, situación que podría repetirse con este nuevo proyecto.
Otro aspecto polémico del plan es la intención de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados, una medida que podría requerir reformas legales o incluso cambios constitucionales.
Aunque Trump asegura que su gobierno está preparado para ejecutar estas políticas, abogados y expertos advierten que estas acciones podrían enfrentar múltiples retos legales y constitucionales, particularmente en lo relacionado con el uso de las Fuerzas Armadas para tareas civiles, algo prohibido en circunstancias normales bajo la Ley Posse Comitatus.
El equipo del presidente electo ha defendido la legalidad y viabilidad del plan, argumentando que se trata de medidas necesarias para garantizar la seguridad nacional y abordar lo que describen como una crisis migratoria. No obstante, las críticas de sectores políticos, sociales y económicos ya comienzan a intensificarse.
