Por: Jorge Maldonado Díaz
La disputa por el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica entre el Gobernador y los diputados del Congreso Local se irá a los tribunales dobde definirán quién tiene la razón.
Lo anterior luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado otorgó una suspensión de amparo a un particular para impedir que sean publicadas en el Periódico Oficial las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia donde se crea la nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, que sustituiría a la UIFE estatal.
En respuesta, los legisladores iniciarán los recursos legales correspondientes para impugnar la orden de suspensión emitida por un juez federal y a la vez advirtieron que trabajarán en la reforma que hace autónomo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a fin de que éste ya no dependa del Ejecutivo.
Este pleito entre poderes inició cuando la bancada del PAN presentó la iniciativa para quitarle al mandatario estatal la UIFE al asegurar que dicho órgano se estaba utilizando como un persecutor político de los adversarios del Gobernador Samuel García, situación que finalmente se dio al ser aprobada por mayoría.
Este último en respuesta presentó una denuncia contra el coordinador de la bancada panista Carlos de la Fuente y el ex alcalde de San Nicolás Zeferino Salgado por enriquecimiento ilícito durante su función pública.
Este lunes, el Tribunal otorgó la suspensión del juicio contencioso, al particular Ricardo Vargas González, en representación de «Asociados Home Depot», alegó que estas reformas le generarían diversos problemas.
“Se concede la suspensión de los actos impugnados, así como sus efectos y consecuencias debiendo mantenerse las cosas en el estado que actualmente guardan”
“Y no se ordene ni se publique en el Periódico Oficial del Estado las disposiciones administrativas señaladas como actos impugnados por el accionante”, señala la resolución emitida por el Magistrado de la Primera Sala Ordinaria, José Mercedes Hernández.
Ante esto, la Dirección Jurídica del Congreso consideró que el juicio contencioso es improcedente por disposición expresa de la ley, específicamente del artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.
“Artículo 56.- El juicio ante el Tribunal es improcedente: II.- Contra actos legislativos del Congreso, sentencias o resoluciones del Poder Judicial, laudos de autoridades del trabajo y resoluciones de autoridades electorales y agrarias”, señala la ley.
Los legisladores señalaron que se evidencio como el Poder Ejecutivo utiliza como brazo político a una institución pública.
Situación que consideraron como preocupante que un Tribunal de Justicia, que se supone, debe velar por el respeto del estado de derecho, se preste a este tipo de acciones inconstitucionales del Ejecutivo para dilatar el procedimiento legislativo.
