Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, NL.- Con el propósito de garantizar la paridad de género en la carrera judicial del estado, la Diputada Claudia Tapia Castelo presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
Señaló que era necesaria esta modificación porque las mujeres siempre han estado excluidas para participar como juzgadoras.
“La falta de representación de las mujeres en el ámbito público es un fenómeno innegable que repercute en la perpetuación de la desigualdad de género. Específicamente en la judicatura mexicana, las mujeres han estado siempre excluidas de participar como juzgadoras, tanto en el Poder Judicial de la Federación como en los de las entidades federativas”.
“Por ello, en esta Iniciativa abordó específicamente la problemática de la falta de mujeres en la carrera judicial en el estado de Nuevo León; es decir, de mujeres Secretarias de Pleno o de Sala, Secretarias de Juzgado de Primera Instancia, Secretarias de Juzgado Menor, Actuarias y Escribientes”.
“Sin embargo, dichas iniciativas dejan fuera a todo el personal del Poder Judicial que trabaja apoyando a las magistraturas y juzgados, se dejan fuera a las Secretarias de Acuerdos, las Actuarias y las Escribientes, así que esta iniciativa aborda específicamente la problemática de la falta de mujeres en la carrera judicial en el Estado”, mencionó.
Asimismo, recalcó que este tema trasciende en la práctica, porque se necesitan mujeres en la judicatura para que haya justicia para las mujeres, ya que está comprobado que los cambios necesarios para lograr una sociedad igualitaria, se aceleran cuando las mujeres se incorporan en todos los ámbitos sociales, políticos, culturales o judiciales de forma equilibrada y justa.
“De ese modo, la paridad de género en el Poder Judicial local es un asunto de envergadura porque no sólo protege y beneficia a las mujeres en la judicatura, sino que también favorece a las justiciables”, concluyó Tapia Castelo.
La coordinadora de la bancada Independiente presentó también una iniciativa de reforma al Código Civil para armonizarlo con tratados internacionales en materia de protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.
Esto con el afán de que éstas puedan decidir sobre las relaciones sexuales en su matrimonio y se establezca que deben contribuir económicamente al mantenimiento del mismo.
La reforma planteada es para establecer en el Artículo 162 que los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y tienen derecho a decidir de común acuerdo y de manera libre, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a estar informados para decidir sobre las relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos y su salud sexual.
