La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión para evitar que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León (IDPNL) pase a manos del Poder Judicial del Estado, en una de las acciones que llevan a cabo diputados del PRI y PAN para quitar funciones al Ejecutivo.
Juan Luis González Alcántara, ministro y Doctor en derecho especialista en finanzas públicas, concedió la suspensión que establece la organización y funcionamiento del instituto, así como el nombramiento del titular, seguirán a cargo del gobierno estatal, hasta la resolución del caso.
El documento establece: “Es por lo anterior, que se solicita que no se ejecute el Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado, así tampoco se ejecute la orden de conclusión del nombramiento del titular del Director de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, la orden de transferencia de recursos financieros y la orden de la posesión o servicios contratados para el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Resulta procedente pues es necesario para preservar la materia de juicio. (…)”.
Entre las argumentaciones en dicha controversia destaca que el decreto legislativo por el que se reformó la Constitución local, en el que se fundamenta dicho acuerdo para su emisión, no cumple con los parámetros constitucionales y legales de validez.
La controversia constitucional 276/2023 se desprende de una serie de acciones donde los legisladores de las bancadas PAN y PRI en el Congreso del Estado han estado modificando artículos de la Nueva Constitución con el fin de quitar atribuciones al gobierno de Samuel García, en una disputa comenzada por la designación del titular de la fiscalía general del Estado.
