Con ello se cambia el régimen de despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad, con prioridad a las plantas de la propia CFE que utilizan carbón y combustóleo.
La reforma establece que en el despacho a la CFE primero estarán las hidroeléctricas, luego otras plantas productoras de la propia empresa y al final las energías limpias.
«Los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
«En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica», cita la reforma.
También precisa que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno federal, de acuerdo a la Constitución.
«En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada», advierte el dictamen sobre la cancelación de contratos vigentes.
La reforma elimina el artículo cuarto en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, donde señala que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.
Además, con la reforma se permitirá el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución en términos no discriminatorios, «solo cuando sea técnicamente factible», lo que favorece a la CFE.
Se crea la figura de contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física.
El dictamen no incluye ninguna de las exposiciones del Parlamento Abierto efectuado hace una semana para analizar la reforma presidencial, donde la mayoría de los participantes advirtieron daños económicos por la cancelación de contratos, la afectación ambiental y de salud por el uso de combustibles fósiles, la violación de tratados internacionales y la inconstitucionalidad de la iniciativa, al eliminar la libre competencia con la iniciativa privada.
