La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que evalúe la posibilidad de invalidar a candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico en la inédita elección popular del Poder Judicial, programada para el próximo 1 de junio.
Sheinbaum se refirió a los señalamientos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció públicamente la existencia de aspirantes con presuntas conexiones con el crimen organizado. En respuesta, la mandataria planteó que se podrían aplicar medidas precautorias o incluso descalificar a los implicados, aun si sus nombres ya aparecen en la boleta.
“Desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, ponerse una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”, expresó Sheinbaum.
La polémica se agudizó tras la publicación de un informe de la organización civil Defensorxs, titulado «Justicia en la mira», en el que se documentan 13 casos de candidatos vinculados con el narcotráfico, delitos sexuales y otros antecedentes preocupantes. Entre los nombres señalados destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, y Francisco Herrera Franco, exfiscal penal federal en Michoacán, acusado de mantener pactos con grupos criminales y señalado por presunta implicación en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
Sheinbaum recordó que, de acuerdo con la Constitución, los candidatos al Poder Judicial deben cumplir con criterios de «probidad» y tener un promedio mínimo de 8 sobre 10 en su formación universitaria, y que cualquier caso que vulnere estos principios puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral.
“Tendrían que presentarse todas las pruebas de que es así, pero hasta ahora quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, apuntó.
La primera elección popular del Poder Judicial representa un proceso histórico en México, con 881 cargos en disputa entre 3,422 aspirantes, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Se espera una participación sin precedentes de 99.7 millones de votantes.
El proceso electoral ha estado bajo constante escrutinio por parte de la oposición, organismos internacionales como la ONU, asociaciones de jueces y colectivos civiles, quienes han advertido sobre riesgos de injerencia del crimen organizado y del propio Poder Ejecutivo en la independencia del sistema judicial.
