Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Un total de 37 recomendaciones a instituciones públicas son las que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el 2018.
Lo anterior lo informó Sofía Velasco Becerra al acudir a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para presentar su informe anual.
La funcionaria estatal aseguró que en el 2018 se presentaron tres recomendaciones más comparadas con las del 2017.
“El año pasado emitimos 37 recomendaciones, emitimos tres más que en el 2017; hemos mantenido el criterio de las recomendaciones de enviar únicamente a aquellas autoridades, y en aquellos casos, donde no sea posible conciliar, es decir, que las violaciones sean graves o donde no haya posibilidades de emitir una conciliación”, dijo.
Aseguró que hubo situaciones en las cuales las recomendaciones no fueron emitidas por la gravedad de las violaciones, y para ello puso ejemplos de tortura, detenciones arbitrarias, casos de discriminación y violaciones a los derechos de niñas y niños.
Recordó que dos recomendaciones no fueron atendidas al tratarse de temas discriminación en contra de parejas del mismo sexo.
Ley Antiaborto
Por otra parte, Velazco Becerra señaló que aun no definen si impugnarán o no la nueva Ley Antiaborto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aseveró que el documento aun no se encuentra listo a pesar de que esta semana se vence el plazo para presentar alguna acción jurídica contra esta reforma aprobada recientemente por el Congreso del Estado.
“El plazo se vence esta semana, en cuanto tengamos lo que se hará. Esta misma semana se realizará”, comentó.
Cabe recordar que la reforma al artículo uno de la Constitución de Nuevo León establece que el estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción.
Esto ocasionó que varios organismos y asociaciones se inconformarán con esta decisión a tal grado de pedirle al gobierno del Estado y a la CEDH recurrieran a la controversia constitucional.
Sin embargo, la administración estatal encabezada por el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón hizo caso omiso y publicó la ley en el Diario Oficial del Estado, dejando la responsabilidad total a la Comisión de Derechos Humanos.
