Por: Jorge Maldonado Díaz
Al saber el presupuesto que el Gobierno del Estado pretende otorgarles, organismos autónomos alzaron la voz argumentando que los recursos limitarán la operatividad de las dependencias y tendrían que suspender una serie de proyectos que eran indispensables para las instituciones.
Alejandro Reynoso Gil, titular de la Auditoría Superior del Estado cuestiono el recorte presupuestal del 28.9 por ciento.
Lo anterior lo dijo debido a que la ASE había solicitado 669 millones 512 mil 761 pesos, 100 por ciento más de lo permitido en 2023.
En sesión ordinaria, los diputados locales acordaron que sería el Estado quien iba a decidir el Presupuesto.
Pues bien, la administración estatal para el próximo ejercicio de 2025, solo le perfilaron de 475 millones 967 mil 163 pesos, 193 millones 545 mil 598 pesos, que se traduce en 28.9 por ciento menos de lo que pidió.
Por tal motivo, Reynoso Gil manifestó que con ese presupuesto se veía complicada la terminación de un laboratorio de obra pública, digitalización, e inversión en inteligencia artificial
“Es entendible dada la situación que estamos atravesando todo el estado, sin embargo, también estamos asesorados pues en dado caso de que no se otorgue lo solicitado previamente en el presupuesto y simplemente vamos a redirigir proyectos que teníamos pensado hacer”.
Otro de los órganos que salieron perjudicados fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos a quien se le recorto el 13 por ciento a lo solicitado.
Olga Susana Méndez Arellano presidenta de la dependencia señalo que habían solicitado 138 millones 587 mil 280 pesos, y en la propuesta enviada al Congreso Local solamente le otorgaran 120 millones 552 mil 960 pesos, lo que limitara la operatividad de la CEDH.
“Ha habido un incremento en las quejas de desaparición de personas. El tema sí es específicamente sólo para el rubro de abogados que son los que más requerimos, también señalar que tenemos ahora todo el tema de empresas y derechos humanos. Tenemos un nuevo programa, que es el mecanismo de prevención de la tortura, porque las quejas que se presentan son por detenciones ilegales y arbitrarias”.
La presidenta de la CEDH indicó que además tienen en puerta estudios que están obligados a realizar, como en centros penitenciarios.
No descartó acudir ante los legisladores para solicitar el apoyo para las tareas que tienen pendientes.
