Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Porque en Nuevo León hay un 65 por ciento de personas que incumplen con el otorgamiento de la pensión alimenticia, la bancada del PRI presentó tres iniciativas de reforma al Código Civil del Estado, con el fin de garantizar los alimentos a los niños, niñas y adolescentes de padres divorciados.
Durante la presentación de las iniciativas en la Oficialía de Partes del Congreso, el Legislador Jorge de León propuso la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
“Se busca establecer el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, en el cual se incluirían aquellos que incumplan con obligación alimentaria ordenada por mandato Constitucional, dicho registro sería publicado en el portal de internet del Poder Judicial o en los estrados del mismo”, propuso el Legislador de León.
Cabe señalar que dicho registro ya es impulsado por el Congreso de la Unión como una herramienta de protección de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a la iniciativa serán incluidos en el registro los deudores que incumplan con su obligación en 60 días o tres veces al año.
“Tenemos conocimiento que hay un 65 por ciento de los responsables de pensión alimenticia que la incumplen o que utilizan esa pensión como chantajear a las mamás de los menores”.
“Proponemos que como requisito para contraer matrimonio el contrayente presente una constancia de no ser deudor alimentario moroso, dicha constancia deber ser expedida por el Registro Civil del Estado”, manifestó el integrante de la bancada del GLPRI.
Jorge de León informó que actualmente en seis Estados de la República Mexicana ya está reglamentado la entrega de la pensión alimenticia a los menores.
Una tercera iniciativa propone que la pensión alimenticia considere los gastos cuando haya de por medio un menor con alguna discapacidad, expuso el Diputado Jorge de León.
“Además se propone ampliar lo que se considera como alimentos en el Código Civil para establecer que cuando el acreedor de los alimentos sufra alguna discapacidad temporal o permanente, se debe proveer sus gastos de higiene, asistencia personal; rehabilitación; traslados y en general todo aquel gasto originado con motivo de la discapacidad”, comentó en entrevista.
En abril del 2017, el PRI impulsó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la de Sociedades de Información Crediticia para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos e, incluso, el 9 de agosto de ese año, el Congreso local exhortó al federal a dictaminar ya esa reforma.
