Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Para establecer la muerte civil para funcionarios, proveedores y particulares que incurran en algún ilícito en perjuicio del erario público, la bancada del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y la creación de una la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada blanquiazul señaló que la iniciativa de Ley, tiene como finalidad homologarse con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y así adaptarla a la Entidad.
“La Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel federal ya se hizo en el 2014 y no se ha homologado en el estatal y era importante para tener la homologación para tener la contraparte de las autoridades estatales que son las que van a ejercer este ley”, explicó Carlos de la Fuente.
“Principalmente la fortaleza de esta nueva ley es el tema de que ya no nada más el funcionario público, el sancionado por cualquier acto de corrupción sino el que provoque el acto de corrupción que puede ser el ciudadanos, el proveedor o cualquier persona que inflija la ley provocando al funcionario”, abundó.
La iniciativa modifica el artículo 207 bis del Código Penal y crea la Ley de Responsabilidades Administrativas, dejando sin efecto la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con ello se amplía el alcance de la ley a particulares y ya no será de aplicación exclusiva para los funcionarios públicos.
Mauro Guerra, presidente estatal del PAN afirmó que la iniciativa es una exigencia de los ciudadanos para combatir la corrupción.
“Hay un tema muy claro en cuanto a la corrupción, ha sido el daño más fuerte que se ha hecho a la administración pública, a la vida política y es lo que más les molesta a los ciudadanos por eso la iniciativa está enfocada que exista la muerte civil en que ningún proveedor, funcionario que participen en un acto de corrupción pueda continuar trabajando, ejerciendo”.
“No hay actos de corrupción chicos o grandes todo es simplemente corrupción y todo daña de una u otra manera por eso esta reforma está hecha para que, a partir de que se compruebe un acto de corrupción, se dé esta muerte civil y esta persona no pueda seguir trabajando en funciones ni prestando ningún servicio público”, puntualizó.
En la entrega del documento también estuvieron Rosa Isela Castro Flores, Nancy Olguín Díaz, Juan Carlos Ruiz García, Félix Rocha Esquivel, Claudia Caballero Chávez y Luis Susarrey Flores.
