Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el propósito de generar energía usando basura y residuos peligrosos, siempre respetando la salud y el medio ambiente, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local propuso reformar la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.
La diputada Brenda Sánchez Castro dijo que la intensión con estas modificaciones es la de poner reglas claras a empresas y autoridades.
“El 75 por ciento de los residuos sólidos urbanos tienen amplias posibilidades de reutilizarse. Y con esta reforma podemos establecer las condiciones normativas estatales para transitar hacia una economía circular y aprovechar de manera óptima la gestión de los residuos, a la vez que atendemos una problemática nacional de manera integral”, explicó la legisladora.
A pesar de que existen alternativas técnicas y tecnológicas para que los residuos sean reincorporados al sistema productivo en una lógica de economía circular, en Nuevo León y en general en todo el país son llevados a tiraderos a cielo abierto que no operan en condiciones legales y suponen una amenaza constante al medio ambiente.
Por ello, y en cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida por la ONU, el Congreso de la Unión tuvo a bien reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de co-procesamiento de residuo, donde se añadieron nuevos conceptos, normas y obligaciones que deberán seguir tanto las empresas como las autoridades reguladoras.
En ese sentido, la propuesta de la Diputada Brenda es reformar los artículos 3 y 143 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, y además adicionar los artículos 143 Bis y 143 Bis 1, para incluir la definición de «termovalorización», que refiere al aprovechamiento de residuos orgánicos para la generación de energía eléctrica.
Y buscar que se remitan los aspectos reglamentarios para que la autoridad emitan cuáles serán las mejores técnicas disponibles por razones de viabilidad técnica, económica o de protección ambiental.
“Hay una evidente necesidad de que la política nacional y local de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, sea robusta, eficaz y proporcional a la magnitud de lo que se genera, para producir efectos ambientales y de salud pública positivos, lo cual permite salvaguardar adecuadamente el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, añadió.
