Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada de Movimiento Ciudadano presentó hoy dos iniciativas para reformar la Constitución del Estado de Nuevo León y para reformar la Constitución Política Federal en materia de acceso al ejercicio ciudadano de la Acción de Inconstitucionalidad.
La Diputada Iraís Reyes, integrante de la Bancada Naranja, dijo que con estas acciones pretenden darle ese poder a la ciudadanía.
“Estamos buscando que la ciudadanía pueda presentar acciones de inconstitucionalidad cuyos efectos serían tener sentencias que respeten sus derechos y de todas las personas”, explicó la Diputada.
Actualmente, las acciones de inconstitucionalidad sólo pueden ser promovidas por limitados sujetos, como las Cámaras del Congreso de la Unión, los Congresos locales, el Poder Ejecutivo, la CNDH, el INAI y la Fiscalía General de la República, entre otros entes públicos.
Sin embargo, no permite a los ciudadanos ejercitar este medio de control constitucional. Por lo que la justicia queda reservada para los poderes públicos.
“Esto representa una oportunidad legislativa para ampliar el derecho de acceso a la justicia al permitir a los ciudadanos ser actores en estos procedimientos constitucionales”, expresó.
Las iniciativas buscan que a nivel federal cualquier ciudadano pueda ejercer la acción de inconstitucionalidad a través de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, mientras que para nivel local se estaría buscando que cualquier ciudadano pueda ejercerla.
La legisladora agregó que este tipo de modelos que permiten a los ciudadanos ejercitar acciones de inconstitucionalidad ya han sido aplicados en otros Estados, como la Ciudad de México y Querétaro.
“En la Ciudad de México se permite que los ciudadanos promuevan acciones de inconstitucionalidad con el requisito de que la petición se encuentre firmada por 5 mil ciudadanos registrados en la lista nominal, mientras que en Querétaro posibilita hacerlo a cualquier ciudadano que se sienta afectado por una norma que considere inconstitucional”.
Por otra parte, las iniciativas también plantean modificar los porcentajes requeridos de 33% a 25% para acceder a la Suprema Corte a nivel nacional y de 33% a 20% a nivel local para acceder al Tribunal Superior de Justicia, para que órganos colegiados, como las Cámaras del Congreso de la Unión, ejerzan la acción de inconstitucionalidad, al considerar que se puede dificultar el acceso efectivo a este medio de defensa por parte de las minorías parlamentarias.
“A nivel local las mayorías han dominado los Congresos y esto dificulta que las minorías puedan presentar acciones de inconstitucionalidad. Hay Estados en dónde se contempla un porcentaje menor de 33% de los integrantes del Congreso para presentar acciones de inconstitucionalidad: en Coahuila basta con el 10% de los integrantes de la legislatura para presentarla y en Tlaxcala se exige el 25%”, comentó Reyes.
“La finalidad de estas iniciativas es garantizar el acceso a la justicia a todo ciudadano, para que directamente pueda defender sus derechos humanos cuando se considere agraviado por sus leyes y que estas resoluciones tengan efectos para todas las personas”.
