Por: Jorge Maldonado Díaz
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para adicionar un artículo al Código Penal con el fin de penalizar las terapias de conversión.
Las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) son estrategias que tienen como único objetivo el de convertir a una persona a determinada orientación sexual mediante el uso de métodos de violencia física, psicológica o sexual.
La diputada Iraís Reyes de la Torre dijo que por lo general se efectúan sobre personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad.
“En efecto, las terapias de conversión son meramente mecanismos de tortura con tendencias medievales que, además de perseguir un fin ilegitimo, vulneran derechos como el del libre desarrollo de la personalidad, la salud, la libertad de expresión y el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación”.
“Este tipo de terapias se han prohibido en diversos países como Francia, Alemania y Canadá, entre otros, en atención al respeto y garantía de los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual”, añadió la legisladora.
En nuestro País, el primer antecedente que se presentó fue en la Ciudad de México, donde se prohíbe este tipo de terapia y se pena con cárcel y servicio a la comunidad. También se encuentran penadas en el Estado de México, Colima y Zacatecas.
En la iniciativa presentada, se indica que quien imparta u obligue a otra persona a recibir terapia de conversión, se le impondrán de dos a cinco años de prisión.
En caso de que la terapia afecte a un menor de edad o a alguna persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá de oficio.
“Las terapias de conversión parten de la idea de que algo debe corregirse. Ninguna persona debe ser sometida por medio de la violencia”.
“La comunidad LGBTTTIQ+ ha sido históricamente discriminada, por lo que nuestro marco legal debe prohibir prácticas crueles, inhumanas y degradantes que siguen atentando contra su dignidad y el respeto a los derechos humanos que como toda persona deben protegerse y garantizarse.” finalizó la Reyes.
