Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar la Ley de Registro Civil estatal con el objetivo de reforzar las medidas de control respecto a la emisión de actas de esta dependencia.
La diputada Brenda Sánchez Castro advirtió que actualmente no existe una adecuada cadena de custodia de los documentos que se emiten en la dependencia de Registro Civil, lo que abre la posibilidad a la venta de documentos oficiales.
Y para evitar esta práctica es necesario implementar una base de datos para reforzar la custodia y control de los formatos codificados.
En la base de datos, indicó Sánchez, se incluirá el nombre y cargo que desempeña la persona que recibe los formatos, identificación y fecha de entrega de documentación, el número de formatos que se reciben, así como el uso y destino de cada uno.
“En la actualidad, la documentación del registro público no tiene un registro confiable en el que se establezca la cadena de custodia de los documentos, este control laxo estimula la práctica de venta de documentos oficiales y daña la imagen de fiabilidad de esta institución (del Registro Civil)”, comentó la Diputada.
Cabe destacar que archivos periodísticos documentan casos a nivel nacional sobre personas conocidas como “coyotes” que ofrecen la venta de certificados de defunción, principalmente por Covid-19, a terceros con el objetivo de cobrar un seguro de vida.
Estos “coyotes”, se advierte, operan con personal al interior de las dependencias que se prestan a este tipo de prácticas ilegales.
La iniciativa respaldada por la Bancada Naranja promueve la integración de un código alfanumérico irrepetible para identificar al responsable de la custodia de los documentos.
La legisladora advirtió que la sustracción indebida de documentos oficiales se da con el objetivo de que sean usados en actos ilegales, por lo que es indispensable contar con controles más estrictos a fin de identificar al servidor público responsable del resguardo de las actas.
“Muchos de estos actos irregulares de sustracción indebida de documentación oficial del registro público se deben a la falta de controles estrictos que permitan identificar plenamente al servidor público responsable del resguardo de los documentos, de tal suerte que éste pueda ser identificado y sujeto a un procedimiento de responsabilidad”, dijo.
