Por: Jorge Maldonado Díaz
Tal y como se esperaba, el Gobierno del Estado presentó una controversia constitucional contra el decreto que avala la transferencia del Instituto de la Defensoría Pública al Poder Ejecutivo al Judicial.
Samuel García Sepúlveda, mandatario estatal impugnó este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la dependencia no pase a manos del Consejo de la Judicatura.
En el escrito enviado por el ejecutivo estatal demandó la invalidez del acuerdo 8/2023 aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 21 de febrero del 2023.
En dicho dictamen se estableció por mayoría que el Instituto de la Defensoría pasaba a manos del Consejo de la Judicatura de Nuevo León.
Derivado de esto se aprobó como parte de la nueva organización y funcionamiento del Instituto, la conclusión de Reynaldo Cantú Shay en el cargo de director de la Defensoría Pública.
Dicho acuerdo, aprobado durante la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del pasado 9 de marzo.
También se ordenó a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería General del Gobierno de Nuevo León transferir recursos financieros y la posesión o servicios contratados para el Instituto.
A raíz de esto, el pasado viernes el Poder Judicial del estado tomo las instalaciones de este organismo acompañado de la fuerza pública.
“En cumplimiento a la Reforma Constitucional establecida en el decreto No. 341 por el Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se acordó que el Instituto de Defensoría Púbica pasará a formar parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y habiéndose negado la suspensión definitiva por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al C. Reynaldo Cantú Shay, con el fin de evitar una afectación al servicio público, se inició el proceso de transición del Instituto de la Defensoría Pública a el Poder Judicial de Nuevo León”.
Además de la toma de las instalaciones, también se dio el cambio de titular en la Defensoría al rendir protesta Luis García Alcántara, en sustitución de Reynaldo Cantú, este último, quien se resistía a entregar las instalaciones del instituto.
Por esta situación, el mandatario estatal se inconformo y presento la controversia situación que será analizada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien determinará si esta impugnación cumple con los requisitos de legalidad para ser admitida a trámite y, de ser el caso, que pueda ser analizada por el máximo tribunal del país.
