El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), expresó su preocupación por el uso creciente de las Fuerzas Armadas en funciones migratorias en México, así como por la persistente detención de personas en situación migratoria irregular, prácticas que podrían vulnerar los derechos humanos de migrantes y sus familias.
En un comunicado difundido esta semana, el organismo internacional reconoció los avances legislativos del país, particularmente la reforma de 2020 que armonizó la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Sin embargo, señaló con inquietud la implementación de operativos de verificación migratoria en todo el territorio nacional por parte de actores no facultados legalmente para ello.
El Comité también manifestó su alarma por el uso sistemático y prolongado de la detención por razones migratorias, una medida que —de acuerdo con estándares internacionales— debe evitarse. En este sentido, instó al Estado mexicano a garantizar que la detención en estaciones migratorias no exceda el límite de 36 horas, como establece la legislación vigente, y a suprimir esta práctica como respuesta predeterminada ante la migración irregular.
Además, hizo un llamado urgente a establecer mecanismos de protección robustos para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, que prioricen su bienestar por encima de criterios de seguridad, e incluyan monitoreo independiente y acceso para organizaciones de la sociedad civil.
El Comité exhortó al gobierno mexicano a cesar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores migratorias, poner fin a la subcontratación de funciones esenciales a actores privados y reforzar los sistemas nacionales de supervisión y rendición de cuentas.
Este pronunciamiento se enmarca en un contexto donde México se ha convertido en país de tránsito, destino y retorno para miles de personas migrantes que, en su mayoría, enfrentan condiciones precarias, riesgos de criminalización y falta de garantías legales durante su tránsito por el país.
