Por: Jorge Maldonado Díaz
Una iniciativa de reforma a la Ley de Educación presentó la bancada del PRI en el Congreso Local para que la Secretaría de Educación tenga la obligación legal de establecer un protocolo de salud en las escuelas que garantice el regreso a clases presenciales de niñas, niños y adolescentes.
Álvaro Ibarra Hinojosa, coordinador de la fracción priista dijo que se trataba de adicionar un artículo 91 Bis 2 a la Ley de Educación del Estado, al considerar que ya existe un daño físico, emocional y psicológico en los alumnos de educación básica por el aislamiento en el que han vivido desde hace más de un año de que inició la pandemia.
“Es urgente elevar a rango de la Ley de Educación para que se creen protocolos de regresos a clases seguros, esto facilitará en esta pandemia y en futuras circunstancias de características similares, tener lineamientos a seguir, y evitar dañar la integridad de los miles de niñas, niños y jóvenes que estudian en nuestro Estado”.
“El propósito de la iniciativa es que, cuando exista una suspensión de clases de más de 15 días provocada por desastres naturales, o emergencias sanitarias, la autoridad educativa estatal de manera inmediata y en coordinación con las autoridades competentes, desarrolle o, en su caso, modifique el protocolo de regreso a clases presenciales que garanticen la seguridad, salud e integridad de los educandos”, añadió.
El legislador dijo que a un año de que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia, los planteles educativos quedaron en el olvido, los cuales ha sufrido un deterioro que puede empeorar conforme pasa el tiempo, pese a que el Congreso aprobó y etiquetó 150 millones de pesos a la mejora de la infraestructura educativa.
“No queda duda que la reapertura de escuelas no sólo implicará las mejoras a la infraestructura, sino que además requerirá implementar políticas, procedimientos y recursos que permitan adelantar operaciones escolares seguras que garanticen el aprendizaje, la recuperación, el bienestar, la protección y, especialmente, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables”.
“Por ello, la autoridad educativa debe de trabajar con planeación a futuro, en donde se identifiquen todas las necesidades de las escuelas y se solucionen con acciones preventivas para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan regresar a las aulas de manera segura”, agregó.
Ibarra indicó que en estos momentos se ha reactivado en el Estado prácticamente toda la economía, por lo que el regreso a clases presenciales es prioritario.
“Estados como Coahuila y San Luis Potosí ya han iniciado con la reapertura de escuelas en su entidad, poniendo el ejemplo de un protocolo seguro que implica no sólo que las escuelas cumplan con los servicios básicos, sino que además se cumpla con todas las medidas sanitarias decretadas por la Secretaría de Salud Federal”, concluyó.
