Por: Jorge Maldonado Díaz
A fin de terminar con el compadrazgo en la entrega de concesiones del transporte o que estas sean otorgadas de manera discrecional, la bancada del PAN del Congreso Local presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para que ahora sea a través de una licitación pública.
Al entregar la iniciativa en la Oficialía de Partes, Luis Susarrey Flores dijo que se trataba de cambiar el sentido al Artículo 61 Bis de la mencionada ley.
En la propuesta se contempla que la concesión que sea otorgada sea de cinco a 20 años en la que podrán participar personas morales y no físicas.
Señalo que en la actualidad, las autorizaciones se entregan sin garantizar que los prestadores del servicio sean los más aptos.
“¿De qué trata la reforma? De que el servicio público se asigne al prestador que tenga mayor capacidad técnica para darlo, no cualquiera, no nada más alguien porque es amigo del Gobernador”.
“La vigencia de los contratos no podrá ser menor a cinco ni mayor a veinte años. No está permitida la cesión de derechos. La cantidad de concesiones a licitar será determinada por el instituto en función del equilibrio entre oferta y demanda y las necesidades propias de los usuarios, previo visto bueno del Comité Técnico”.
“Solo podrán participar personas morales con no menos de 5 años de antigüedad y experiencia probada en la actividad, por lo que se cierra la puerta a las personas físicas”, indicó.
Susarrey Flores dijo que actualmente, el sistema para el otorgamiento de concesiones no fomenta la competencia, por lo que proyecta que los nuevos o los que puedan renovar contrato ofrezcan buenas unidades y servicio, ya que el 20 por ciento de la población toma un camión por necesidad a pesar de su poca afluencia y mal servicio
En cuanto a elevar el plazo de un año hasta 20 años, dijo que la finalidad es que los transportistas puedan obtener créditos, además, las concesiones no serán heredables como sucede actualmente y quienes tienen permisos tendrían preferencia para obtener una concesión, siempre y cuando cumplan con los requisitos.
“La vigencia de los contratos no podrá ser menor a cinco ni mayor a veinte años. No está permitida la cesión de derechos. La cantidad de concesiones a licitar será determinada por el instituto en función del equilibrio entre oferta y demanda y las necesidades propias de los usuarios, previo visto bueno del Comité Técnico”, indicó el legislador panista.
Por su parte, Nancy Olguín, presidenta del Congreso local, quien criticó que el gobierno insista que en los transportes públicos no hay covid-19 a pesar de que viajan llenos.
