Monterrey, NL
Jorge Maldonado Díaz
Para conocer la situación académica de la población penitenciaria femenil en el Estado, la Diputación Permanente acordó solicitar un informe al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria.
El diputado del PRI, Adrián de la Garza comentó que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó de una insuficiencia o inexistencia de actividades educativas a las reclusas, como se ve reflejado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2017.
“Tal aspecto, merma definitivamente sobre el desenvolvimiento que tendrán las internas una vez que egresen del centro penitenciario, incumpliéndose con la dogma Constitucional dispuesto en el precepto 3º, sobre la obligatoriedad de la educación al menos hasta el nivel medio superior, como lo es el bachillerato o preparatoria, no siendo exclusivo dicho derecho respecto de menores de edad”.
“El tener acceso a la educación media superior, las internas lograrán contar con una herramienta fundamental para la reinserción social, pues la educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, expresó el Diputado De la Garza.
El Diputado priísta, quien fungió como Presidente de la Diputación Permanente, señaló que el Estado tiene la obligación de diseñar instituciones que faciliten el desarrollo personal de aquellos que se encuentran en los Centros de Readaptación Social.
“Lo anterior, impactará positivamente en las familias nuevoleonesas, pues una vez cumplida la pena, al regresar a la cotidianeidad de la vida social, las mujeres al obtener su libertad podrán desarrollar un empleo digno y, por lo tanto, generar ingresos para subsistir y evitar que reincidan en la comisión de delitos”, aseguró Adrián de la Garza.
