Por: Jorge Maldonado Díaz
El Congreso local demandó este lunes al Secretario de Movilidad dar un informe detallado de la licitación y asignación del proyecto de modernización del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram).
El diputado local Waldo Fernández presentó un Punto de Acuerdo en donde también exhortar al Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que informe si el proceso y su resolución fueron apegados a Derecho.
Lo anterior dijo que era necesario ante los cuestionamientos y polémica que ha levantado la licitación para la ampliación y modernización de la infraestructura del Sintram era necesario requerir al titular de Movilidad, Hernán Villarreal sobre las razones y criterios por los cuales el fallo fue a favor de la empresa Semex, pese a que el costo planteado por esta era muy superior al estimado por el Estado.
“El proyecto ganador presenta un sobrecosto del 63.3 por ciento con lo anunciado por el Gobierno Estatal, lo que significan 696 millones 471 mil 546 pesos más, esto representas 49 veces el presupuesto que este Gobierno destinó a la Comisión de Búsqueda de Personas, nueve veces el presupuesto de la Secretaría de Participación Ciudadana, 13 veces lo destinado a la Secretaría de las Mujeres y 76 veces el presupuesto para la Dirección de Gestión Integral de la Calidad del Aire”, indicó.
Por tal motivo, el legislador morenista también pidió exhortar a la titular de la Contraloría para que informe si el proceso y su resolución fueron apegados a la Ley.
“El proceso de licitación ha sido cuestionado por las empresas competidoras, quienes aseguraron que las bases y el proceso estaba dirigido a que ganara una empresa en específico”.
“Aún como candidato a la gubernatura, Samuel García anunció el proyecto del SINTRAM y expuso que sería la empresa regiomontana SEMEX la encargada de desarrollar el proyecto”.
“Que informe sobre ese proceso de licitación e informe las razones y criterios por las que el fallo fue a favor de Semex y se exhorta a la titular de la Contraloría para que diga si el proceso de licitación y el fallo estuvieron apegados a derecho”.
“Esto es de vital importancia porque es dinero público, porque este asunto puede marcar el rumbo de un Gobierno, porque si al principio encontraron que estaba «copeteado», pues hoy la presunción de qué hay aquí casi 700 millones de pesos de copete”, puntualizó.
