Por: Jorge Maldonado Díaz
Las bancadas del PRI y PAN del Congreso Local exigieron al Gobierno de Nuevo León respetar rigurosamente los principios de institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del Gobernador Interino.
Los legisladores pidieron a la administración encabezada por Samuel García Sepúlveda acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del Gobernador interino corresponde exclusivamente al Congreso de Nuevo León.
A través de un comunicado, los legisladores priistas y panistas señalaron que la interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el gobierno estatal sobre un mandato legal solo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad.
“El Estado atraviesa por momentos críticos, derivado de diversas malas decisiones y acciones de Samuel García, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra Constitución”, señala el documento.
Indicaron que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios y el más claro ejemplo es lo que ocurrió con la Ley de Egresos de 2023 en donde se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continua sin ser liberado.
Acusaron al gobierno del NL quien pretende utilizar esta situación como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino
“La omisión deliberada de la entrega de recursos afecta directamente a cientos de miles de personas que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial”.
“Esta violación a la Ley de Egresos es un acto doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá consecuencias jurídicas”, manifiesta el escrito.
Los legisladores exigieron el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, al considerar inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición.
“La persecución política en Nuevo León ha sido evidente y los ciudadanos conocen muy bien la campaña de persecución, ataque y desprestigio orquestada desde el gobierno del estado”, aseveraron.
Los legisladores del PRI y el PAN argumentaron que la designación del Gobernador Interino por parte del poder legislativo debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.
