Como sociedad vamos a pagar, en muchos sentidos, las consecuencias de la reforma electoral que está por aprobare en el Congreso de la Unión, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Ante esta situación, “lo que nos queda es defender lo que tenemos y recurrir a los mecanismos jurídicos, pero, sobre todo, asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro”.
Al impartir la Conferencia Retos y desafíos de las autoridades electorales, en la Universidad de Monterrey (UDEM), Córdova refirió que la construcción de la democracia es una tarea colectiva. “No es una concesión graciosa desde el poder o el resultado, la obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política”.
Acompañado del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, el Presidente del INE llamó a todas y todos a defender los avances que México ha tenido en materia democrática durante las últimas cuatro décadas.
“Es una responsabilidad que no podemos dejar de asumir, porque lo peor que puede pasar es que las democracias a veces mueren, y la culpa de la muerte de las democracias es culpa de los autoritarios, pero la responsabilidad no siempre es única. Si hay quien deja la responsabilidad para el de al lado también es cómplice, en este sentido, o corresponsable, de que la democracia se nos acabe”, enfatizó.
Reforma atenta contra cinco pilares de la democracia
Lorenzo Córdova advirtió que la reforma electoral, cuya aprobación está en curso, atenta contra cinco pilares fundamentales del sistema democrático en México, los cuales están protegidos por la Constitución; por ello -mencionó- es que la propuesta de reforma está “plagada de inconstitucionalidades”.
La autonomía e independencia de los órganos electorales, el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada del INE, el Padrón Electoral y las condiciones de equidad en la competencia son cinco conquistas de la democracia en las que no se debe retroceder -sostuvo- y todas y cada una de ellas son afectadas en mayor o menor medida con la propuesta de reforma electoral que será aprobada en el Congreso, indicó.
La instalación de los Módulos de Atención Ciudadana en escuelas o en oficinas de gobierno atentan contra la autonomía de las autoridades electorales. “Ahora resulta que la atención dependerá de la buena voluntad de quienes ostentan el gobierno”.
Respecto al Servicio Profesional Electoral, la reforma reduce el 85 por ciento de las plazas, lo cual es grave porque afecta la calidad en la organización de las elecciones.
En tercer lugar, agregó, se disminuye la estructura desconcentrada del INE, lo cual no permitiría a la autoridad electoral desplegar actividades permanentes en materia de organización electoral. La presencia permanente del Instituto, explicó su Presidente, es importante porque permite conocer el terreno.
Como cuarto punto se vulnera la construcción de la Lista Nominal de Electores al permitir que las y los ciudadanos que residen en el extranjero voten con un instrumento distinto al de la Credencial para Votar.
“Es decir, quien va a decir quién puede votar es la Secretaría de Relaciones Exteriores y, además, para inscribirse para votar ya no va a ser necesaria la Credencial, dice la reforma que se puede usar el pasaporte o la matrícula consular que gestiona la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, un órgano del gobierno es el que nos va a decir qué mexicanos pueden votar o no en las elecciones desde el extranjero”, subrayó.
Finalmente, en quinto lugar, con la reforma ya publicada a la Ley General de Comunicación Social, se vulneran las condiciones de equidad en la competencia, ya que, bajo el amparo de la libertad de expresión, ahora se permite a los gobernantes interferir en las contiendas electorales.
“Ahora resulta que, con estas reglas, se vale que los gobernantes pueden meterse a la discusión de las elecciones con todo el peso y la potencia del aparato comunicacional del gobierno”.
Ante este panorama, el Presidente del INE exhortó a las y los ciudadanos a participar y definir el destino y futuro del país y evitar pagar las consecuencias de estas modificaciones como sociedad.
