La orden contra Roberto Sandoval Castañeda y su hija Lidy Alejandra Sandoval López fue girada por un juez federal por supuesta compra ilícita de propiedad y su relación con el ex Fiscal estatal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
«En ese sentido, el Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit», afirmó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el primer mandamiento de captura federal librado contra el ex Mandatario.
«Además, existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada».
Los delitos que menciona la Fiscalía son secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y asesinato.
La vinculación de su hija la proceso es porque las propiedades fueron registradas a su nombre, adquisiciones que dificilmente ella podía cubrir porque era estudiante universitaria.
Sandoval Castañeda podría llevar el proceso en libertad, sin embargo, la FGR puede solicitar y debatir la imposición de la prisión preventiva justificada, aunque en este caso debe medianamente acreditar que existe un riesgo de fuga de los imputados.
El problema para Sandoval es que cuenta con otras tres órdenes de aprehensión del fuero común, giradas por jueces de la misma entidad, por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y por tres hipótesis de delito electoral.
La FGR afirmó que el juez de control federal consideró que solo a través de una orden de aprehensión se logrará conducir ante la justicia a Sandoval y su hija, es decir, que había necesidad de cautela y que era improbable que se presentara a una audiencia de imputación mediante un citatorio.
El juzgador estimó que los elementos aportados por la FGR indican que los investigados probablemente cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado.
A nivel estatal, la justicia nayarita informó que el ex gobernador podría enfrentar una sanción de hasta 28 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 152 millones de pesos.
