Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la paz en la entidad, la bancada de Morena solicito la implementación en coordinación con las autoridades competentes, un programa de desarme voluntario, alineado con las estrategias nacionales de seguridad y prevención del delito.
La diputada Anylú Bendición Hernández, destacó el preocupante aumento de la violencia en el estado, especialmente los delitos relacionados con el uso de armas de fuego.
Además, señaló que la facilidad para adquirir armas de manera ilegal, incluso a través de plataformas digitales como Facebook, ha agravado esta problemática y representa un riesgo para la estabilidad social y económica de la región.
“Pedimos al Gobernador Samuel García y al Secretario de Seguridad para que organicen un desarme, en muchas ocasiones ha habido este tipo de actividades en las que se convoca al pueblo a cambio de dinero, lo importante es que las entreguen y que ya no haya esta circulación de armas ilegales”, mencionó la legisladora.
Como referencia, citó el programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual ha demostrado ser una estrategia efectiva para reducir el número de armas en circulación.
“Es fundamental que Nuevo León implemente un programa similar para disminuir la presencia de armas en las calles y en los hogares, evitando tragedias y fomentando una cultura de paz”, subrayó la diputada.
La legisladora recordó que actualmente la SEDENA lleva a cabo un programa de destrucción de las armas incautadas, pero a nivel estatal hace más de 10 años que no se implementa una estrategia similar.
“Lo que estamos pidiendo es que se implemente un programa en el que las personas puedan entregar sus armas de manera voluntaria, sin consecuencias legales, y que sea encabezado por el gobierno estatal en coordinación con las instancias que considere pertinentes, con el fin de reducir la circulación de armas ilegales”, enfatizó.
Este programa permitiría a la ciudadanía entregar armas de forma anónima a cambio de un incentivo económico, reduciendo la violencia y fomentando un entorno más seguro. Hernández destacó la importancia de implementar estas medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes, evitando la normalización de la violencia entre la población.
