Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de garantizar que las y los docentes cuenten con herramientas actualizadas y pertinentes para atender a estudiantes con condiciones del neurodesarrollo, como el Trastorno del Espectro Autista, el TDAH y otras formas de neurodivergencia, la banca da de Movimiento Ciudadano presento una iniciativa de reforma a la Ley de Educación.
La diputada Marisol González Elías, dijo que se trataba de una modificación a los artículos 63 y 72.
“Sabemos que en los salones de clases hay de 1 a 4 niños que tienen algún trastorno de neurodiversidad, ya sea TDA, ya sea autismo, entre algunos otros, y los maestros, la mayoría no están aún capacitados para poder atenderlos”, señaló González.
La iniciativa busca impulsar programas de formación continua y especializada para docentes, directivos y supervisores, con énfasis en la atención a la diversidad neurológica, así como establecer coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión para diseñar o aprovechar programas de capacitación ya existentes.
“Lo que estamos proponiendo es que, en colaboración con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con este nuevo centro del autismo que se está creando, que ahorita se está trabajando en la infraestructura, pues puedan coadyuvar para poder capacitar a todos los maestros de Nuevo León”, explicó.
Asimismo, la propuesta pretende celebrar convenios con universidades, centros de investigación y organismos especializados para facilitar el acceso del personal educativo a estudios de posgrado, diplomados o programas acreditados.
“Actualmente, más del 15% del alumnado podría presentar alguna condición neurodivergente. Sin embargo, el sistema educativo opera todavía bajo modelos rígidos que no contemplan las distintas formas en las que niñas, niños y adolescentes aprenden y procesan el mundo”, subrayó la diputada.
Algunos de los beneficios que se esperan con la propuesta son aulas más accesibles y equitativas para el alumnado neurodivergente; reducción de barreras estructurales y actitudinales que dificultan la permanencia escolar; docentes mejor preparados y, en sí, un ejercicio efectivo del derecho a una educación inclusiva y de calidad.
“Educar desde la diversidad no es una concesión: es una obligación ética, legal y pedagógica”, finalizó la legisladora.
La propuesta se alinea con el Artículo 3° de la Constitución, la Ley General de Educación y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
