El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que los miembros del Poder Judicial tienen el derecho a manifestarse en contra de la reforma que su administración promueve, al tiempo que enfatizó la necesidad de que respeten y hagan valer la Constitución.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador recordó a los trabajadores del Poder Judicial que tienen una doble obligación de respetar la Carta Magna.
“Están en su derecho de manifestarse, de expresarse, son libres, pero ellos están doblemente obligados a respetar la Constitución», subrayó.
«Todos los ciudadanos debemos respetar la Constitución, pero las autoridades estamos más obligadas a hacer valer la ley de leyes, la Constitución».
El mandatario insistió en que la reforma que impulsa es «completamente constitucional» y busca vivir en un auténtico estado de derecho. Asimismo, declaró que aquellos que temen al escrutinio público deberían haber dejado sus cargos voluntariamente desde antes. «No hay que tenerle miedo al pueblo, ni a las reformas. No pasa nada, el pueblo de México es muy responsable», aseguró.
Por su parte, magistrados y jueces del Poder Judicial federal han anunciado una estrategia jurídica para impugnar la polémica reforma, la cual propone la elección por voto popular de los juzgadores en todo el país. En una manifestación reciente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que responderán con impugnaciones en tribunales nacionales e internacionales si se aprueba la reforma en los términos planteados por el presidente.
El magistrado Mauricio Barajas Villa, uno de los oradores en la protesta, afirmó que el gremio está preparado y equipado para llevar a cabo una defensa legal tanto a nivel internacional como nacional. Con esta estrategia, buscan impedir que Morena logre una mayoría calificada en el Congreso en septiembre próximo, lo que permitiría modificar la Constitución sin necesidad de consenso con la oposición.
La reforma judicial propuesta incluye la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del PJF y de todos los jueces federales y locales. También plantea la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial.
