El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha anunciado con seguridad que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa será resuelto a tiempo, impulsado por la reciente aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso.
Esta ley, según López Obrador, le otorga herramientas legales para perdonar a criminales a cambio de información crucial en casos como este.
Durante su conferencia matutina, el mandatario destacó la importancia de esta nueva legislación, que permite la amnistía a aquellos que proporcionen información comprobable para esclarecer delitos relevantes para el Estado. Esta medida amplía las facultades presidenciales para liberar a reclusos, incluso aquellos ya sentenciados, a cambio de información vital para la resolución de casos como el de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.
López Obrador subrayó la necesidad de esta ley para poder negociar con personas que poseen información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos, enfatizando que es crucial para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Además, señaló que es fundamental proteger a aquellos que decidan hablar, pero que temen represalias o están sujetos a un pacto de silencio.
La resolución del caso Ayotzinapa ha sido una de las promesas pendientes de López Obrador desde su campaña en 2018, y las protestas por el incumplimiento de esta promesa han aumentado. Recientemente, el 6 de marzo, estudiantes actuales de Ayotzinapa manifestaron su descontento derribando la puerta del Palacio Nacional para exigir acciones concretas.
La presión sobre el presidente se ha intensificado, especialmente durante las campañas electorales, con acusaciones de protección al Ejército debido a la posible implicación de militares en el caso. A pesar de ello, López Obrador ha descartado que estas protestas representen un riesgo para las elecciones, aunque la presión persiste.
El compromiso del presidente de reunirse con las familias de los jóvenes desaparecidos el 3 de junio, un día después de los comicios, ha sido interpretado como un intento de responder a las demandas de justicia de los afectados y de la sociedad en general. Sin embargo, queda por ver si estas acciones serán suficientes para disipar las críticas y avanzar significativamente en la resolución del caso Ayotzinapa.
